El “asesinato” del Congreso en 1848: Un ataque de pánico entre la oligarquía conservadora.

Iglesia y Convento de San Francisco, sede del Congreso.

Por Leonardo Nazoa. 

La deslealtad del Presidente.

En enero de 1847, luego del amañado y turbulento proceso electoral de 1846, el Congreso Nacional, de mayoría conservadora, confirma como ganador para el cargo de Presidente de la República al general José Tadeo Monagas. Propuesto por Páez y por la “oligarquía conservadora” como un candidato “conciliador” dentro del convulso escenario político dominado por encendidas pugnas entre liberales y conservadores, Monagas se había impuesto en las elecciones de segundo grado sobre Antonio Leocadio Guzmán, Bartolomé Salom, José Felix Blanco, José Gregorio Monagas, Manuel Felipe de Tovar, Santos Michelena, Santiago Mariño y el mismo José Antonio Páez. Al no obtener ninguno de los candidatos las dos terceras partes requeridas de la votación, el proceso fue trasladado al Congreso, con Bartolomé Salom, José Félix Blanco y José Tadeo Monagas como únicos candidatos, con la eliminación arbitraria, de un plumazo, del candidato liberal Antonio Leocadio Guzmán, no casualmente el candidato de mayor arraigo popular, especialmente entre el campesinado y la pequeña burguesía urbana.

La situación del país para la época era extremadamente infeliz y conflictiva. Por un lado, el descenso en los precios internacionales del café y otros productos agrícolas, y por otro lado, la actuación de una inmisericorde burguesía urbana prestamista y usurera, mantenían en la ruina a los productores del campo. Apoyada en el liderazgo caudillesco de Páez, esta burguesía conservadora, llamada “goda”, se hacía sentir en todos los ámbitos de la nación como un poder despótico, promoviendo la esclavitud, la pena de muerte y el voto indirecto.

En los primeros años de la década de 1840, se producen serios cuestionamientos y enfrentamientos a este poder despótico de la burguesía conservadora, representados en el surgimiento del Partido Liberal, bajo el liderazgo de políticos como Antonio Leocadio Guzmán y Tomás Lander, así como la ocurrencia de alzamientos armados como los de Juan Silva, en 1844, y los de Ezequiel Zamora y “El Indio” Francisco Rangel, en 1846, teniendo lugar estos dos últimos dentro del escenario de irregularidades y abusos cometidos por la oligarquía conservadora dominante durante el proceso electoral de ese mismo año.

Fueron los últimos siete meses del período de Carlos Soublette, los mismos que transcurrieron entre la elección y la toma de posesión de José Tadeo Monagas, los meses en que tuvo lugar la llamada Insurrección Campesina de 1846, liderada por Ezequiel Zamora y desencadenada, entre otras razones, por la exclusión de éste como candidato a elector por el cantón de Villa de Cura en el proceso electoral. Combatida por el ejército bajo el mando de Páez, la insurrección es finalmente dominada a los pocos días de haber asumido Monagas la presidencia, el 1 de marzo de 1847. Zamora es capturado y encarcelado en Villa de Cura, mientras su aliado, El Indio Rangel, es asesinado.

Sometida la insurrección, preso Zamora, y ya bajo la presidencia de José Tadeo Monagas, un hombre “instintivamente autoritario, conservador y nada liberal”, según Páez, parecía haber llegado finalmente al país la deseada “paz” que garantizaría la continuidad de la supremacía del centauro y de sus mentores de la oligarquía conservadora. Pero el sueño duró poco. Apenas unos días después de asumir Monagas la presidencia, Páez le envió, “como regalo al presidente de la república”, la cabeza del Indio Rangel “en salmuera”, gesto que no fue bienvenido por el caudillo oriental y que precipitó su ruptura con la oligarquía caraqueña y con el jefe llanero.

Monagas era un hombre “de costumbres muy austeras… recto y severo”, y no estaba dispuesto a dejarse corromper por la criminal oligarquía caraqueña como ocurrió con Páez, y aun de no haber ocurrido el repugnante incidente su alejamiento de ésta iba a ocurrir en cualquier momento, “porque él, a pesar de su origen social, era anti-oligarca” y “adversario de esa casta que negaba los ideales por los cuales combatimos en la independencia”.

Monagas, literalmente, logró engañar a la oligarquía en cuanto a sus verdaderos sentimientos, comenzando de inmediato a establecer alianzas con grupos de intelectuales y políticos liberales. Fue muy poco lo que duró en sus funciones su primer gabinete, impuesto por la oligarquía, e integrado por José María Carreño como Ministro de Guerra y Marina, Miguel Herrera en la Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores, y el ultraconservador Angel Quintero en Interior y Justicia. Este último, por cierto, era el propietario de la hacienda Yuma, cerca de Güigüe, una de las saqueadas por el Indio Rangel en los primeros días de la Insurrección Campesina. Quintero renunciará al gabinete al ser nombrado un liberal, el coronel José Félix Blanco, en la Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores.

Dentro de su sorpresivo giro, Monagas intervino el ejército, pasando a retiro a oficiales y desarmando a la milicia activa paecista y oligarca, para armar a una milicia de reserva integrada por ciudadanos de clases bajas. Implantó asimismo una política de “de conciliación y clemencia”, dirigida a los insurrectos que todavía se encontraban en pie de guerra, y quienes lo consideraban su aliado en el logro del todavía no alcanzado objetivo de “tierras y hombres libres”, llegando incluso a exaltarlo en volantes y canciones populares.

Entre otras medidas tomadas por Monagas que lograron exasperar a la oligarquía conservadora estuvo la de indultar a Ezequiel Zamora y a Antonio Leocadio Guzmán, quienes habían sido condenados por la justicia goda a “la pena del último suplicio”. A Zamora se le conmutó la pena por la de 10 años de prisión en la fortaleza de San Carlos, en la barra del lago de Maracaibo, y a Guzmán por la del destierro.

Pero lo que definitivamente hizo desbordar la ira de los godos en contra del oriental fue la fuga de Zamora de la cárcel de Maracay la víspera de su traslado a la fortaleza de San Carlos, en noviembre de 1847. Fue este acontecimiento el que llevó a los oligarcas a tratar de planificar una manera de acabar con Monagas, y al desencadenamiento de una infortunada serie eventos que luego ellos mismos denominaron “el asesinato del congreso”.

El “asesinato”

Pocos días después de la fuga, oculto en una hacienda en El Cafetal, en Caracas, Zamora se recuperaba de meses de presidio y se preparaba para retomar sus luchas políticas, mientras algunos de los que lo ayudaron a fugarse, lejos de encontrarse presos o perseguidos, ingresaban a las filas del ejército, como Gabriel Zamora, su hermano, y Alejandro Tosta, su cuñado, ambos en la milicia de reserva en Charallave, y otros, como José de Jesús González, “El Agachado”, regresaban a las guerrillas en las montañas y sabanas de Aragua y Guárico.

Por esos mismos días de diciembre de 1847 comienza la oligarquía a poner en práctica su estrategia para acabar con Monagas, la cual estaría centrada en el Congreso de la República, dominado por mayoría conservadora. El primer paso lo daría la Diputación Provincial de Caracas al introducir ante la Cámara de Representantes una solicitud de enjuiciamiento al Presidente José Tadeo Monagas “…por las infracciones y abusos que haya cometido contra la Constitución y las leyes”. Esta solicitud iniciaba el proceso para inhabilitar al Presidente, quien luego sería enjuiciado por la Corte Suprema, controlada por la oligarquía, y condenado a muerte. Simultáneamente se pasarían algunas leyes que garantizarían, entre otras medidas, la transmisión del poder al jefe del ejército, cargo para el cual el Congreso nombraría a Páez, así como el juicio militar a quienes se declararan en rebeldía, civiles o no. Todo esto ocurriría a partir del inicio del período constitucional de sesiones del Congreso, en enero de 1848.

En los días previos al inicio de sesiones del Congreso, la bancada goda se reune secretamente, en un salón llamado La Renaissance, con el objeto de considerar la posibilidad de trasladar las sesiones a Puerto Cabello, por razones de seguridad. Era comprensible que se preocuparan por la seguridad, dada la envergadura de las decisiones que planeaban tomar, entre ellas, el enjuiciamiento al Presidente, con miras a su inhabilitación y condena a muerte.

El Congreso no obtuvo quórum hasta el 23 de enero, día en que se realiza la primera sesión y se aprueba en la Cámara de Representantes la moción de trasladar el debate a Puerto Cabello. La proposición debía pasar al Senado para su definitiva aprobación, pero la discusión en esta cámara no llegó a darse, debido a la táctica obstruccionista aplicada por el senador liberal Estanislao Rendón, quien tenía la palabra y la mantuvo durante toda la sesión de ese día, con el objeto de impedir la discusión acerca del traslado a Puerto Cabello, obligando así a que el Congreso se mantuviera en su sede oficial, en el Convento de San Francisco, en el centro de Caracas.

Al no ser posible el traslado, los diputados optaron, como medida alternativa de seguridad, por montar una guardia de más de 200 hombres armados en el local donde se llevarían a cabo las sesiones, protegiéndose de esta manera de la esperada reacción del Gobierno, así como del pueblo de Caracas, a lo que ellos sabían estaba por llegar. La guardia armada estuvo conformada por jóvenes de la oligarquía conservadora, bajo el mando del coronel paecista Guillermo Smith.

Hacia el final de la tarde del día 23 la situación en los alrededores del edificio del Congreso era tensa. Ante el desproporcionado reforzamiento de la guardia en el Congreso, el Gobierno decide movilizar las milicias de reserva de pueblos cercanos a la capital, y los liberales organizan una milicia popular de más de 2000 voluntarios, mientras muchos otros hombres del pueblo, por su cuenta, se les unen con armas provenientes del asalto al parque militar local. En la noche, el Gobierno se dirige al Presidente de la Cámara de Diputados protestando por la presencia de la guardia, en un número muy superior al de la fuerza policial que permitía la Constitución. La guardia fue reducida esa misma noche a un número de veinte efectivos.

Al día siguiente, a las 10 a.m., más de mil personas se encontraban agolpadas a las puertas del Convento de San Francisco. Al mediodía, la barra pública había sido ocupada por “ciudadanos notables”, algunos de ellos armados. A las dos y media de la tarde llegó al Congreso el Secretario del Interior y Justicia, Tomás J. Sanabria, con el objeto de presentar ante las cámaras el acostumbrado Mensaje Anual del Poder Ejecutivo.
Al finalizar Sanabria su exposición ante la Cámara de Diputados, cuando se dirigía a la del Senado para volver a presentar su mensaje, el diputado José María Rojas propuso que no se le diera permiso para retirarse, y que se llamara a otros miembros del Gabinete para que rindieran cuenta de las medidas de seguridad que hubiera tomado el Gobierno para garantizar la inviolabilidad de los miembros del Congreso.

La cámara aceptó la proposición de Rojas y de inmediato alguien en la barra gritó que el ministro Sanabria se encontraba bajo arresto, llegando rápidamente el rumor a la muchedumbre que se hallaba fuera del edificio, y a la sede del Gobierno, en la Casa Amarilla, interpretándose el arresto del Secretario del Interior y Justicia y la citación de otros miembros del Gabinete como un intento de aislar al Presidente, quien no podría defenderse de lo que se decidiera en el Congreso sino a través de los ministros de su Gabinete.

A todas éstas, en las afueras del edificio, una multitud armada, inquieta por la tardanza de Sanabria, presuntamente bajo arresto, intentaba forzar la entrada al edificio y chocaba con la guardia goda, la cual disparó contra la multitud, con el resultado de tres milicianos muertos. El jefe de la guardia, Guillermo Smith, fue herido de un bayonetazo. Muchos diputados paecistas huían descolgándose por ventanas y balcones y corriendo por los tejados del convento, creyendo que la turba entraría al edificio para asesinarlos. Otros sacaron armas, como José María Rojas, quien amenazó al ministro Sanabria con un puñal. Un diputado sacó una pistola y disparó contra la multitud.

Todo ocurrió en la entrada principal del edificio y en la calle. El Congreso nunca fue asaltado por la multitud. Fue el pánico, el terror que suscitaba en la mente de los diputados godos la sola idea de la reacción popular ante la jugada que le tenían preparada a Monagas, lo que precipitó la situación de violencia. Se imaginaron, no sin buenas razones, que serían masacrados por el pueblo iracundo e indignado y no pudieron contener su propia violencia.

El saldo final del incidente fue de ocho muertos, cuatro de ellos diputados, uno liberal y tres conservadores. Uno de los diputados muertos fue Santos Michelena, quien fue sacado herido de la trifulca, siendo trasladado a la Legación Británica, donde falleció horas después.
El sangriento hecho fue descrito después por los conservadores como un “asalto”, “atentado” o “asesinato” contra el Congreso. En realidad fue un hecho no planificado o premeditado, que se debió a la actuación de unos pocos individuos que se encontraban a la entrada del edificio y que fueron inducidos por la excitación de la turba.

El epílogo

Dominada la situación por la milicia, el Presidente Monagas se hizo presente en el lugar, escoltando personalmente a algunos diputados que quisieron asilarse en legaciones extranjeras para protegerse de la violencia de las turbas populares.

Al siguiente día, el 25 de enero, el Presidente Monagas logra reunir el Congreso. Sólo Fermín Toro, de los que quedaron vivos, por supuesto, se negó a asistir, diciendo que su cadáver lo podrían llevar, pero que él no se prostituiría haciéndolo. El pretexto para acudir al llamado del Presidente fue “evitar que se rompiera el hilo constitucional”. José María Rojas fue conducido cordialmente por Monagas, “para protegerlo de las iras populares”, desde la legación donde se encontraba refugiado hasta el salón de sesiones. Como si no hubiese ocurrido nada el día anterior, los agresivos diputados del 24 de enero se reunían sumisamente, el 25, con el ponderado Presidente Monagas. El acta de la sesión, o “acto de contrición”, según Gil Fortoul, fue redactada por Juan Vicente González, “el más cobarde de todos”, al decir de muchos. El ultraconservador “Tragalibros”, como lo llamaban, califica en el acta los hechos del 24 de enero como “el incidente de ayer”.

El 27 de enero, tres días después del “asesinato”, el Congreso Nacional aprobaba por unanimidad un Decreto de Amnistía General que había sido propuesto cinco veces por Monagas y rechazado igual número de veces. Dos días antes, el día 25, Ezequiel Zamora, incorporado por Monagas a la Milicia Nacional con el grado de Comandante, salía de la clandestinidad ante el pánico de la godarria oligarca.
En los días posteriores al “incidente”, Páez, apoyado por un puñado de ultraconservadores, se alzarían en Calabozo contra el Gobierno, “en defensa de la Constitución y de su Patria”, pero sería derrotado en La Mata de Los Araguatos, en Apure, por el general José Cornelio Muñoz, y se marcharía al exilio, regresando meses más tarde para ser hecho preso y enviado de nuevo al exterior. La acción de Los Araguatos hizo merecedor a Páez del “título” de Rey de Los Araguatos, sugerido por sus propias tropas, quienes al final de la batalla exclamaban: “¡Que viva el Rey José Antonio Páez!”.

Nota del autor: La fotografía que ilustraba este artículo fue reemplazada porque era incorrecta. Correspondía a la Sampablera, otro hecho histórico.

Leonardo Nazoa: 

Profesor Investigador Jubilado. Centro de Estudios del Desarrollo-Cendes, Universidad Central de Venezuela.

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